Durante la mañana del 2 de septiembre, los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca acudieron a la sede de la Cancillería ecuatoriana para mantener un encuentro con autoridades del Gobierno nacional. En la reunión participaron la canciller Gabriela Sommerfeld y el ministro del Interior, John Reimberg. El propósito principal fue abordar la situación de seguridad en el país y coordinar estrategias conjuntas, en un contexto marcado por el incremento de la violencia y la amenaza del narcotráfico. Esta cita se llevó a cabo un día antes de la llegada del senador estadounidense Marco Rubio, cuya presencia se considera estratégica en materia de cooperación internacional.
Al finalizar el encuentro, los alcaldes brindaron declaraciones a los medios, resaltando la relevancia de la colaboración entre los distintos niveles gubernamentales. Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, detalló que la conversación abarcó varios aspectos relacionados con la seguridad de los ciudadanos, la prevención de delitos y la atención a cuestiones sociales que afectan la violencia en las zonas urbanas. Según comentó, se pidió que el Gobierno asigne a una persona responsable de supervisar diariamente temas como la situación de las personas sin hogar, en lugar de enfocar toda la gestión solo en la lucha contra el crimen organizado.
Álvarez también manifestó su inquietud por la creciente falta de seguridad en el Golfo de Guayaquil, una región que se enfrenta a dinámicas delictivas particulares asociadas al narcotráfico y al crimen en el mar. Indicó que este problema no afecta de forma similar a localidades como Quito y Cuenca, por lo que insistió en firmar acuerdos que refuercen la presencia policial y las acciones conjuntas con el Ministerio del Interior para mitigar estas amenazas. Según el alcalde, es esencial que haya una coordinación continua para enfrentar a los grupos delictivos que operan en esa área estratégica para el comercio y la economía del país.
En su intervención, Cristian Zamora, el alcalde de Cuenca, resaltó la importancia de esta reunión como un símbolo de cohesión nacional ante los retos del narcotráfico. Enfatizó que combatir estas bandas no debe ser solo tarea de la policía, sino que requiere un enfoque comprensivo que incluya a los municipios, al Gobierno central y a todas las comunidades sociales. Zamora insistió en la urgencia de comprender cómo estas redes criminales han logrado infiltrarse en el país, lo que demanda una respuesta decidida, ordenada y conjunta para impedir que sigan desintegrando la estructura social y afecten el porvenir de las próximas generaciones.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, también participó en la rueda de prensa y afirmó que la reunión permitió clarificar las funciones que pueden asumir los gobiernos locales en la lucha contra la delincuencia organizada. Para Muñoz, el narcotráfico representa una amenaza tan grave que requiere una postura unificada por parte del Estado y de todas las instituciones. Además, señaló que la próxima visita del senador Marco Rubio abre la posibilidad de explorar mecanismos de cooperación internacional que refuercen las capacidades de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de enfrentar con mayor eficacia a las redes criminales.
En este contexto, el ministro del Interior, John Reimberg, reafirmó el compromiso del Gobierno hacia una estrategia vehemente contra las organizaciones criminales. Durante su discurso, comunicó que se planea organizar una manifestación en la ciudad de Guayaquil bajo el lema de paz, como parte de las medidas para destacar la cohesión ciudadana frente a la violencia. Señaló que previamente se realizó una demostración similar en Quito y manifestó su confianza en que la nueva convocatoria recibirá el apoyo de los residentes de Guayaquil y de personas de otras áreas. Reimberg subrayó la necesidad del país de mantener una posición decidida y clara para recuperar la calma y la seguridad en todo el territorio.
El panorama actual refleja que Ecuador enfrenta uno de los mayores desafíos de los últimos años en materia de seguridad. La expansión del narcotráfico, la violencia asociada a bandas criminales y el aumento de delitos violentos han llevado a que los gobiernos locales y el Ejecutivo unan esfuerzos para diseñar políticas más efectivas. En este sentido, la reunión sostenida en la Cancillería no solo representa un espacio de diálogo, sino también un compromiso de trabajo conjunto que busca resultados concretos en el corto y mediano plazo.
Los funcionarios locales estuvieron de acuerdo en que la crisis de seguridad no es un problema independiente, sino un fenómeno que impacta en la estabilidad social, la economía y la percepción de confianza de la ciudadanía. La colaboración entre instituciones se presenta como la opción más firme para revertir esta tendencia, evitando que el crimen organizado siga ampliando su influencia. El reto, sin embargo, no se limita a implementar medidas de represión, sino que también requiere abordar aspectos sociales que fomentan la delincuencia, como la exclusión, la pobreza y la falta de oportunidades para los jóvenes.
La llegada de Marco Rubio, prevista para el 3 de septiembre, se percibe como una oportunidad para fortalecer la cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad, inteligencia y control del narcotráfico. Las autoridades locales y nacionales esperan que esta visita contribuya a la implementación de programas de asistencia técnica y dotación de recursos que permitan mejorar la capacidad operativa de las instituciones encargadas de mantener el orden. En un escenario donde las amenazas se vuelven cada vez más complejas, la articulación entre actores nacionales e internacionales será clave para frenar el avance del crimen organizado.
La ciudadanía, por su parte, observa con expectativa estas acciones y espera que los acuerdos alcanzados se traduzcan en resultados tangibles. La demanda de seguridad es una de las principales prioridades en todo el país, y la efectividad de las medidas dependerá del nivel de compromiso y coordinación que logren las autoridades. Los próximos meses serán decisivos para determinar si la estrategia adoptada logra revertir la tendencia de violencia y restituir la paz que Ecuador tanto necesita.
