La Vicepresidencia de la República junto a cuatro ministerios implementaron, en Ecuador, una estrategia intersectorial para evitar el embarazo adolescente durante la Semana Andina de Prevención del Embarazo en Adolescentes (22–29 de septiembre de 2025). Están involucrados el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec), el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) y el Ministerio de Gobierno (MDG), bajo el marco de la PIPENA, activo desde 2018. Esta acción cobra importancia por su orientación hacia la salud pública y protección de derechos, y debido a un decreto presidencial de mayo de 2025 que destacó el tema como una prioridad institucional.
Según el MSP, la red de 1.332 establecimientos ofrece servicios integrales y amigables para adolescentes, de acceso gratuito, confidencial y seguro. El fortalecimiento de capacidades incluye 8.685 profesionales certificados en atención integral para este grupo etario. En paralelo, la cartera ha impulsado 1.529 clubes de adolescentes, con participación de 22.548 jóvenes de 10 a 19 años, para promoción de la salud con énfasis en educación integral de la sexualidad. También se difunde la línea 171, opción 2, para orientación en salud sexual, salud reproductiva y prevención de violencias.
El Minedec implementa la Estrategia Nacional de Educación en Sexualidad Integral. Según la entidad, aproximadamente 36.000 educadores completaron el curso “Reconocimiento de Oportunidades Curriculares de Educación Integral en Sexualidad” y, en el último año, más de 344.000 alumnos emplearon herramientas y métodos relacionados. Además, 400 expertos fueron formados en “Herramientas para la orientación en salud sexual y reproductiva en adolescentes y jóvenes”, en colaboración con la Universidad Javeriana. La estrategia da prioridad a 1.133 centros educativos y ha concienciado a más de 678.000 alumnos sobre la prevención de la violencia sexual y de género a través del Recorrido Participativo.
El MDH centra sus esfuerzos en la protección completa de infantes y adolescentes en condiciones vulnerables, con 11.700 servidores capacitados en derechos para la formación integral en sexualidad. La política social se complementa con ayudas económicas (bonos y pensiones) dirigidas hacia la inclusión económica y el respaldo a víctimas de violencias, especialmente aquellas relacionadas con pobreza y pobreza extrema.
El MDG gestiona 41 Servicios de Protección Integral y 15 Centros Violeta en 40 cantones, proporcionando asistencia a quienes sufren de violencia de género, trata y tráfico. Cuentan con equipos legales, psicológicos y de trabajo social. Estas entidades ofrecen atención, acompañamiento y asesoría en formatos individual, familiar y comunitario, en coordinación con otras instancias del Ejecutivo.
El Gobierno enmarca la respuesta en determinantes sociales: necesidades básicas insatisfechas, barreras de acceso a servicios de salud, déficit de educación integral de la sexualidad y la naturalización de la violencia sexual y uniones tempranas. El decreto presidencial de mayo de 2025 asignó a la Vicepresidencia la conducción política del tema, con mandato para coordinar políticas públicas integrales, planes, programas y proyectos.
A pesar de que los progresos en cobertura y capacitación son visibles, todavía se necesitan indicadores de resultado para medir el efecto: índice actual de embarazo adolescente, objetivos 2025–2026, financiamiento utilizado y diferencias por región y grupo étnico. El siguiente paso es divulgar indicadores comparables, con referencias iniciales y metas trimestrales, para garantizar transparencia y ajustes de políticas fundamentados en datos.
